1. INTRODUCCIÓN
En el mundo la energía es el elemento principal para la existencia del sistema capitalista y del extractivismo, por lo tanto la apropiación y control de las fuentes de energía, la planeación de escenarios energéticos mundiales, así como la creación de programas y proyectos son tareas políticas prioritarias de los Estados y las Empresas. En el contexto de un mundo globalizado, donde el modelo energético se encuentra aun basado en energías fósiles1 con una evidente crisis por la disminución de sus fuentes y donde la energía eléctrica juega un papel muy importante para el sector industrial y para abastecer las formas de vida, principalmente del norte global, se propone impulsar la producción de energías renovables argumentando que sus fuentes se regeneran naturalmente y están disponibles continua y periódicamente, por lo que benefician la diversificación de ellas, incrementan la participación de energías limpias, reducen costos de suministro y son ambientalmente sustentables.
A nivel mundial existe una capacidad instalada de energías renovables de 503.8 GW, la energía hidráulica concentra el 61.5%, 21.1% de eólica, 11.4% de solar y 5.2% de bioenergía, 0.7% de geotérmica y marina. En America Latina, hasta el 2014, la generación de energía renovables fue de 817 TWh, de este total la energía hidroeléctrica generó 720 TWh, 61 TWh fueron generados por la bionergética (bagazo y otras industrias de procesamiento forestal)2
En AL se cuenta con una capacidad para la generación de energías renovables de 212.4 GW, y la energía hidráulica representa el 81% con 172 GW, provenientes de grandes plantas a mayores a 10 MW, es decir que la energía renovable en AL proviene mayoritariamente de hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, al igual que la energía eólica y fotovoltaica, se han considerado energías limpias3 justificando que la producción de energía hidráulica no supone ningún tipo de emisión o residuos contaminantes.
Gracias a la lucha contra las Represas4, los pueblos de Latinoamérica, junto con otros continentes, descubrimos que en todo el mundo la construcción de las hidroeléctricas y de riego se imponían bajo un discurso que justificaba el garantizar un servicio básico de abastecimiento de energía y de agua y para elevar los niveles de “desarrollo” y “modernidad” de los países, aunque en la realidad sirven principalmente para garantizar las necesidades de la agroindustria, la minería y otras de la industria, mientras las comunidades indígenas y campesinas entregan sus bienes naturales a cambio de ser desplazados de sus comunidades, con falta de acceso al agua, la electricidad y en condiciones pésimas de vivienda. Los años 70`s fueron los más importantes para la construcción de grandes represas y en los años 90´s las bancas multilaterales, principalmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo impulsaron inversión en toda Latinoamérica, la generación de energía comenzó a ser evidentemente materia esencial para la competitividad de las empresas y para desarrollar un modelo de producción a bajo costo en una vorágine de un modelo de aceleración de producción y consumo. De este modo se emprenden los planes de integración, como el Plan Puebla Panamá, ahora llamado Plan Mesoamericano, coordinado por los gobiernos de México (región Sur-Sureste: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Tabasco, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo) a Panamá, que incluyen proyectos de explotación de petróleo, minería, corredores biológicos para la bioprospección de la biodiversidad, la infraestructura que requieren: carreteras, ferrocarriles, turismo, gasoductos; más los planes de interconexión, por ejemplo Arco Norte y SIEPAC.
La aceleración en la implementación de estos proyectos originaron dos cuestionamientos que han dado fuerza a las luchas de afectados por los proyectos de represas: Producción de Energía ¿Para qué y para quién?, Desarrollo ¿Para quién?